31.08.2009 | 11.21
Sin los votos de la oposición, el FA votará en los próximos días el proyecto de ley que acorta los juicios laborales y prevé un 10 % de multa para las empresas que paguen fuera de fecha.
La Cámara de Representantes le dará sanción definitiva a la iniciativa de Negociación Colectiva que salió del Senado con algunas modificaciones. El Partido Nacional acompañará esta votación.
El PIT-CNT reclama al Poder Legislativo la rápida aprobación de estas leyes antes de la culminación de la última legislatura del gobierno del Frente Amplio.
Las cámaras empresariales rechazan las dos iniciativas por considerar que atentan directamente contra los empresarios.
Este martes, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de representantes se reunirá para analizar el proyecto de ley que tiene por finalidad acortar los juicios laborales.
El oficialismo tiene a esta ley como una de las prioridades a aprobarse en estas dos semanas que le quedan a la legislatura, si bien ya saben que tendrán que sesionar de forma extraordinaria para sacar varias iniciativas.
El diputado del Frente Amplio Juan José Bentancour argumentó que un trabajador muchas veces es presa de “empresarios inescrupulosos” que realizan arreglos fuera de ámbitos judiciales ya que los juicios demoran generalmente años.
Lo que prevé la iniciativa es la creación de juzgados que lauden en la materia y se establece una especie de garantía por la que el empresario debe dejar la mitad del dinero requerido en cautela.
Se fija una audiencia única, en un plazo de hasta 60 días tras la demanda, en la que el juez podrá dictar sentencia. También los podrá hacer en los 20 días siguientes.
Bentancour explicó además que dentro de esta misma ley se prevén multas por los retrasos en el pago de la mensualidad de los trabajadores.
Este tema ya estaba previsto en otra ley que se encuentra en el Senado y que podría quedar sin ser votada, según explicó el legislador.
“Desde el momento en que algunos hicimos la propuesta de la imposición de un porcentaje equis para quienes no pagaran en tiempo y en forma los sueldos de los trabajadores, no teníamos prevista la aprobación de una ley más general en cuyo contexto se inscribe también esta situación”.
El articulado establece un 10 % de multa a las empresas que paguen los salarios fuera de las fechas estipuladas.
El Partido Nacional no votará esta iniciativa. Los blancos comparten el concepto que de se debe avanzar en el acortamiento de los plazos pero consideran que el proyecto que impulsa el gobierno es muy malo respecto al Derecho de Defensa y al debido proceso.
Para los nacionalistas hay desequilibrios muy severos. Argumentan además que es inconstitucional y que el propio Poder Judicial reconoció esto en comisión.
El diputado Pablo Abdala aseguró explicó porqué el Partido Nacional no comparte la iniciativa.
“Hay un acortamiento de los plazos muy severo, que termina perjudicando notoriamente al demandado, en la medida que tiene que contestar la demanda en un plazo de 10 días. Según la propia Corte, que lo admitió, eso puede llevar a que una de las partes quede sin defenderse. Otro ejemplo es que para apelar, para promover una segunda instancia en materia de créditos laborales o juicios laborales, quien es demandado debe depositar la totalidad del objeto del juicio a los efectos de tener derecho a apelar. Esto puede significar en los hechos una suerte de negatoria de justicia”.
Esta iniciativa supone un nuevo cruce de opiniones y enfrentamientos entre el gobierno y los empresarios; también entre los empresarios y los trabajadores.
Las cámaras empresariales tienen una opinión muy negativa sobre este proyecto y se sustentan en informes del Instituto de Derecho Laboral y Procesal. Los mismos, según dijo el presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra, tienen conclusiones muy criticas.
“(El proyecto) atenta contra los proyectos de la Constitución, creemos que esto es altamente inconstitucional. Sería totalmente negativo, talaría toda la política laboral que ha llevado este gobierno adelante. Nosotros hemos pedido una reunión con la Comisión de Legislación Laboral de Diputados, trataremos de que esto así no salga”.
Balestra argumentó que en esta ley no se respetan los derechos de los iguales y que provocará más discusiones y conflictos a las relaciones entre empresarios y trabajadores.
El empresario reconoció que muchas veces son muy largos los procesos pero que se enmarcan en los tiempos del Poder Judicial.
El PIT-CNT reclama al gobierno la rápida aprobación del proyecto de ley negociación colectiva y el de acortamiento de juicios laborales.
El dirigente sindical Juan Castillo aseguró que no se puede pasar otro año más sin esta legislación vigente.
“Según un estudio que se hizo, de 10.000 pesos aproximadamente que reclaman los trabajadores después de haber cesado su parte contractual con el empresario, lleva a un juicio que dura hasta tres años, nos parece esto un despropósito, habría que acortar los plazos para que sea bien esto para todos los trabajadores y trabajadoras del país”.
El oficialismo coordinó en bancada darle prioridad a estas dos iniciativas en sesiones ordinarias. Al aprobarse, se convertirán en ley.
El proyecto de negociación colectiva entrará en la primera sesión y se aprobará a carpeta cerrada ya que llegó con modificaciones del Senado. El Partido Nacional aprobará los cambios. La inclusión de la cláusula de paz había sido incluso reclamada por los propios blancos.
Fuente: El Espectador
El PIT-CNT reclama al Poder Legislativo la rápida aprobación de estas leyes antes de la culminación de la última legislatura del gobierno del Frente Amplio.
Las cámaras empresariales rechazan las dos iniciativas por considerar que atentan directamente contra los empresarios.
Este martes, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de representantes se reunirá para analizar el proyecto de ley que tiene por finalidad acortar los juicios laborales.
El oficialismo tiene a esta ley como una de las prioridades a aprobarse en estas dos semanas que le quedan a la legislatura, si bien ya saben que tendrán que sesionar de forma extraordinaria para sacar varias iniciativas.
El diputado del Frente Amplio Juan José Bentancour argumentó que un trabajador muchas veces es presa de “empresarios inescrupulosos” que realizan arreglos fuera de ámbitos judiciales ya que los juicios demoran generalmente años.
Lo que prevé la iniciativa es la creación de juzgados que lauden en la materia y se establece una especie de garantía por la que el empresario debe dejar la mitad del dinero requerido en cautela.
Se fija una audiencia única, en un plazo de hasta 60 días tras la demanda, en la que el juez podrá dictar sentencia. También los podrá hacer en los 20 días siguientes.
Bentancour explicó además que dentro de esta misma ley se prevén multas por los retrasos en el pago de la mensualidad de los trabajadores.
Este tema ya estaba previsto en otra ley que se encuentra en el Senado y que podría quedar sin ser votada, según explicó el legislador.
“Desde el momento en que algunos hicimos la propuesta de la imposición de un porcentaje equis para quienes no pagaran en tiempo y en forma los sueldos de los trabajadores, no teníamos prevista la aprobación de una ley más general en cuyo contexto se inscribe también esta situación”.
El articulado establece un 10 % de multa a las empresas que paguen los salarios fuera de las fechas estipuladas.
El Partido Nacional no votará esta iniciativa. Los blancos comparten el concepto que de se debe avanzar en el acortamiento de los plazos pero consideran que el proyecto que impulsa el gobierno es muy malo respecto al Derecho de Defensa y al debido proceso.
Para los nacionalistas hay desequilibrios muy severos. Argumentan además que es inconstitucional y que el propio Poder Judicial reconoció esto en comisión.
El diputado Pablo Abdala aseguró explicó porqué el Partido Nacional no comparte la iniciativa.
“Hay un acortamiento de los plazos muy severo, que termina perjudicando notoriamente al demandado, en la medida que tiene que contestar la demanda en un plazo de 10 días. Según la propia Corte, que lo admitió, eso puede llevar a que una de las partes quede sin defenderse. Otro ejemplo es que para apelar, para promover una segunda instancia en materia de créditos laborales o juicios laborales, quien es demandado debe depositar la totalidad del objeto del juicio a los efectos de tener derecho a apelar. Esto puede significar en los hechos una suerte de negatoria de justicia”.
Esta iniciativa supone un nuevo cruce de opiniones y enfrentamientos entre el gobierno y los empresarios; también entre los empresarios y los trabajadores.
Las cámaras empresariales tienen una opinión muy negativa sobre este proyecto y se sustentan en informes del Instituto de Derecho Laboral y Procesal. Los mismos, según dijo el presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra, tienen conclusiones muy criticas.
“(El proyecto) atenta contra los proyectos de la Constitución, creemos que esto es altamente inconstitucional. Sería totalmente negativo, talaría toda la política laboral que ha llevado este gobierno adelante. Nosotros hemos pedido una reunión con la Comisión de Legislación Laboral de Diputados, trataremos de que esto así no salga”.
Balestra argumentó que en esta ley no se respetan los derechos de los iguales y que provocará más discusiones y conflictos a las relaciones entre empresarios y trabajadores.
El empresario reconoció que muchas veces son muy largos los procesos pero que se enmarcan en los tiempos del Poder Judicial.
El PIT-CNT reclama al gobierno la rápida aprobación del proyecto de ley negociación colectiva y el de acortamiento de juicios laborales.
El dirigente sindical Juan Castillo aseguró que no se puede pasar otro año más sin esta legislación vigente.
“Según un estudio que se hizo, de 10.000 pesos aproximadamente que reclaman los trabajadores después de haber cesado su parte contractual con el empresario, lleva a un juicio que dura hasta tres años, nos parece esto un despropósito, habría que acortar los plazos para que sea bien esto para todos los trabajadores y trabajadoras del país”.
El oficialismo coordinó en bancada darle prioridad a estas dos iniciativas en sesiones ordinarias. Al aprobarse, se convertirán en ley.
El proyecto de negociación colectiva entrará en la primera sesión y se aprobará a carpeta cerrada ya que llegó con modificaciones del Senado. El Partido Nacional aprobará los cambios. La inclusión de la cláusula de paz había sido incluso reclamada por los propios blancos.
Fuente: El Espectador
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